Quito, 12 de agosto de 2020
Las organizaciones y personas abajo firmantes, preocupadas por la situación de la población en situación de movilidad humana en Ecuador, sostenemos lo ya señalado en comunicados y posicionamientos previos, relacionados a la necesidad de que el Estado ecuatoriano, conforme los instrumentos de derechos humanos nacionales e internacionales, brinde una respuesta clara, oportuna e incluyente, a las y los migrantes, a través de la implementación de una Amnistía Migratoria Ampliada, a quienes hasta este momento sostienen su voluntad de permanencia en el país. El Estado tiene la potestad de proceder a una amnistía migratoria humanitaria ampliada, dado que el proceso actual que termina este 13 de agosto ha demostrado que logra cubrir a toda la población que actualmente tiene toda la voluntad de obtener un estatus migratorio regularizado, y sin embargo no pueden hacerlo bajo las reglamentaciones actuales.
Es preciso subrayar la múltiple condición de vulnerabilidad de las personas forzadas a migrar hacia el Ecuador, y que se encuentran en condición migratoria irregular, debido a complejas circunstancias. Entre estas, señalamos: la imposibilidad de las personas venezolanas para cumplir con los requerimientos de visado humanitario -situación que ha sido claramente evidenciada desde agosto 2019-, la vinculación de personas en situación migratoria irregular a un mercado de trabajo que se vio seriamente impactado por las restricciones relacionadas a la crisis sanitaria de COVID-19, la ausencia estructural de políticas de atención dirigidas a personas migrantes forzadas y en necesidad de protección internacional; la ausencia de mecanismos para garantizar sus derechos al bienestar, seguridad alimentaria, salud, protección y condiciones de vida dignas; y, la ausencia de políticas públicas destinadas a garantizar los derecho de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad venezolana, bajo el principio del Interés Superior del Niño.