Considerando

Que, desde el inicio de la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional, provocada por la presencia del COVID-19 en Ecuador, ha puesto en evidencia de manera irrefutable, la difícil  situación en la que se encuentra la población ecuatoriana en general y la población en contexto de movilidad humana en particular, reflejando la falta de recursos económicos para los sectores empobrecidos de la sociedad, sobre todo para aquellos sectores de múltiple vulnerabilidad.

Que, las políticas y las leyes dictadas por el Estado Ecuatoriano para atender la crisis sanitaria y económica están perjudicando a los trabajadores, violentado más los derechos de las personas y, especialmente los grupos más vulnerables como son migrantes, población LGBTIQ+, trabajadoras remuneradas del hogar, pequeño/as productore/as y comerciantes informales que ya trabajaban en condiciones de explotación y abuso antes de la emergencia.