ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO INSTITUCIONALIZADA QUE EJERCE LA ALCALDIA DE QUITO EN CONTRA DE LAS MUJERES Y PERSONAS QUE EJERCEN TRABAJO SEXUAL

Desde el jueves 9 de junio, las Mujeres que ejercen trabajo sexual autónomo, informal, sin ninguna protección, y que captan sus clientes en el Centro Histórico, son objeto de VIOLENCIA DE GÉNERO INSTITUCIONALIZADA EJERCIDA POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL Y POLICIA METROPOLITANA, generando violaciones a los derechos de las personas en su mayoría mujeres que ejercen esta actividad.

Actualmente en el Ecuador tener un empleo adecuado es un privilegio de pocas personas. Según el INEC 66 de cada 100 personas que viven en el Ecuador, tiene un trabajo informal autónomo, muchos trabajan en condiciones precarias y esto no permite cubrir el costo de la canasta básica que fue de 728 dólares en abril de 2022. Las personas que ejercen trabajo sexual dependen de los ingresos que generan cada día, al igual que la mayoría de quienes viven en el Ecuador.

En el centro histórico de Quito, se estima 233 personas ejercen trabajo sexual, el 90% son jefas de hogar, de cuyos ingresos depende, hijos, nietos, adultos-as mayores; entre ellas existen personas adultas mayores, mujeres, mujeres transfemeninas y hombres. Este colectivo está organizado y captan sus clientes en calles y espacios públicos, definidos y acordados con autoridades municipales desde años atrás.

Desde hace varios meses, la Alcaldía, a través de la Secretaría de Inclusión, ha estado liderando un proceso de diálogo, de mesas de trabajo para la construcción de un código de convivencia. En este proceso han participado las organizaciones de personas que ejercen trabajo sexual, y otras que apoyan o trabajan en la temática. El documento presentado por la municipalidad recibió muchas observaciones porque: a) violenta derechos humanos fundamentales, fomenta el estigma y la discriminación, “define ESPACIOS BLANCOS” a lugares en donde no pueden transitar las mujeres y personas que ejercen trabajo sexual; b) ofrece el acceso a prestaciones de salud y a otros servicios, -consagrados en la Constitución como derechos humanos fundamentales y sus servicios de acceso universal, gratuitos-, a cambio de retirarse de esos “ESPACIOS BLANCOS”; c) Plantea una carnetización que incorpora el nombre legal y el “ALIAS” como documento que les permitirá transitar por ciertas zonas del centro histórico y el cual sería la base del control ejercido por las instituciones municipales. Estos entre otros muchos aspectos observados. En síntesis, el documento tiene un enfoque de limpieza social del Centro Histórico, con el argumento de la afectación al turismo y a los negocios de personas con poder político y económico.

Para lograr el objetivo del Protocolo de Convivencia, se hicieron procesos de negociación, aislando a las lideresas, convocándolas para negociar individualmente, ofreciendo a cambio acceso a servicios de salud y de educación que son de acceso universal y gratuitos de acuerdo a la Constitución. Por ejemplo “becas de educación para los hijos” si firman el protocolo de convivencia.

Ante las observaciones planteadas y la demanda de elaborar un documento en el marco de los derechos humanos y el derecho al trabajo autónomo, la Alcaldía a través de la Secretaría Inclusión convocó a una mesa de trabajo, y a través de la Secretaría de Seguridad, inició una serie de medidas de represión, coerción y chantaje para obligar a las mujeres a retirarse de los “ESPACIOS BLANCOS” definidos en el Protocolo de convivencia, entre ellas:

• Agresión ejercida desde autoridades municipales y sus instituciones. Esto ha sido liderado por la Secretaria de Seguridad, la Policía Metropolitana, la Agencia Metropolitana de Control.
• Acoso, hostigamiento, amenazas, y chantaje institucional para que firmen actas a cambio de suspender acciones.
• Clausura de hostales citando incumplimiento de LUAE, pero con ofrecimiento de levantar la clausura a cambio de que firmen el acta en la que consta el retiro de los “ESPACIOS BLANCOS”. Esto fue denunciado por las organizaciones.

En el Ecuador los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW siglas en inglés-, son vinculantes y de mandatorio cumplimiento, esto está ratificado por la Constitución.

La Organización Internacional del Trabajo -OIT-, en el año 2010, emitió la recomendación 200, que determina que todos los derechos reconocidos en los convenios de la OIT aplican a ciertos tipos de trabajo, en el acta de dicha resolución se incluye entre otros, al trabajo sexual. Esto implica que se tomen medidas para: la protección legal del trabajo sexual, la reducción del estigma y la discriminación, fomentar la libertad de organización y sindicalización, el acceso a la seguridad social y a otros servicios sociales.

En nuestro país la falta de normas y políticas que protejan el trabajo sexual, coloca a las personas que lo ejercen en situación de desprotección siendo víctimas de abusos de autoridad y discriminación.

Lo que está sucediendo en Quito con las mujeres y personas que ejercen trabajo sexual que se ubican en el Centro Histórico, ES UNA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCION, DEL DERECHO AL TRABAJO, A LA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A LA LIBRE MOVILIDAD, AL LIBRE TRANSITO, EL DERECHO A LA CIUDAD, A VIVIR EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA Y LIBRE DE CORRUPCIÓN, DERECHO A LA SEGUIRDAD INTEGRAL, ES UN ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA EJERCIDOS POR LA ALCALDIA Y SUS INSTITUCIONES.

Hacemos un llamado al Alcalde de Quito, Dr. Santiago Guarderas, para que las intervenciones municipales se enmarquen en los derechos humanos, se respeten las asignaciones de espacios definidas en anteriores Alcaldías, se facilite y promueva la convivencia de todos los actores que viven o trabajan en el Centro Histórico. El municipio está llamado a atender a las personas que tienen poder económico y político, a los exfuncionarios municipales ahora dueños de negocios, pero sobre todo debe atender las necesidades de las personas más desprotegidas e históricamente discriminadas y excluídas.

Convocamos a Organizaciones de la Sociedad Civil Defensoras de Derechos Humanos, a las Instituciones del Estado competentes a estar vigilantes y actuar para que la actuación de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, se enmarque en los mandatos internacionales de derechos humanos y la Constitución de la República del Ecuador.

CARE expresa su solidaridad con las lideresas y todas las personas que ejercen trabajo sexual y que se ubican en el Centro Histórico de Quito ante la violencia de género, el estigma y la discriminación, institucional de la que son objeto.